El pasado 25 de enero de 2026, la Asamblea Nacional aprobó una modificación significativa de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, un instrumento legislativo que marca el inicio de una nueva etapa para la industria petrolera venezolana.

El objetivo declarado del cambio, es crear un marco normativo más atractivo para inversiones nacionales e internacionales y que reactive la producción de crudo, la cual durante años se ha visto afectada por la baja inversión, las sanciones internacionales y la gestión estatal centralizada.

Este es otro giro histórico en el régimen petrolero.
Con la reforma, el Estado venezolano reduce algunas cargas fiscales y restricciones que hasta ahora desincentivaban la actividad de capitales externos y privados en el sector hidrocarburos. Entre los aspectos más relevantes de la nueva legislación se incluyen:

-La apertura al capital privado —tanto nacional como extranjero— para participar en exploración, producción y comercialización de crudo, bajo contratos directos con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Lo cual representa una ruptura con dos décadas de estricta exclusividad estatal.

-La eliminación de la obligación de crear empresas mixtas para que los privados operen campos petroleros, facultad que ahora se maneja mediante contratos a ser aprobados por el Ministerio de Hidrocarburos.

-La introducción de mecanismos modernos para la resolución de disputas, incluyendo arbitraje internacional, con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica a los inversionistas.

-La flexibilidad en regalías y régimen fiscal, con un tope de hasta 30% para regalías y la potencial reducción de cargas fiscales según la viabilidad económica de los proyectos.

Estas transformaciones buscan no solo atraer capitales frescos, sino también alinear la normativa venezolana con estándares internacionales, impulsando la participación de empresas que hasta ahora habían sido reacias a operar en un entorno percibido como rígido y riesgoso.

También incluye:

-Corrección de cargas impositivas y eliminación de barreras legales

Uno de los puntos subrayados por la propia Asamblea es la intención de corregir la sobrecarga impositiva que históricamente ha frenado la actividad petrolera.
La reforma deroga la reserva exclusiva del Estado sobre bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos, una normativa vigente desde 2009, que tuvo como consecuencia la casi desaparición de los contratista petroleros del Lago de Maracaibo.

Además, artículos como el Artículo 19 de la reforma enfatizan la adopción de medidas para fomentar la formación de capital nacional, estimulando la creación y consolidación de empresas venezolanas operadoras, prestadoras de servicios y proveedoras de bienes para la industria. Este cambio obliga a instituciones empresariales y gubernamentales a plantear reglamentaciones específicas que faciliten la participación del capital local en procesos de contratación y operación.

Este paquete legal, no es un punto de llegada, sino más bien el comienzo de un proceso transformador.

Expertos señalan que atraer inversiones de gran escala y elevar la producción venezolana a niveles significativos dependerá no solo de la ley aprobada, sino de su interpretación, reglamentación y aplicación práctica, además de factores externos como la evolución de los precios internacionales del crudo y la normalización de relaciones comerciales con mercados clave.

Con esta reforma, Venezuela se propone no solo reactivar su industria petrolera, sino posicionarse como un actor competitivo y atractivo para el capital global, poniendo fin a décadas de políticas que limitaron la entrada de inversión extranjera directa en el sector más estratégico de su economía.

@eromeronava

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