En el actual contexto de transición y búsqueda de estabilización de la industria petrolera venezolana, resulta ineludible abordar un tema que ha permanecido relegado durante años: la participación efectiva del capital y del empresariado nacional en la recuperación del sector. No se trata únicamente de una cuestión de justicia económica, sino de una necesidad ya estratégica para garantizar sostenibilidad operativa, eficiencia y arraigo productivo.
Durante décadas, Venezuela desarrolló un tejido empresarial robusto alrededor de la actividad petrolera. Empresas de ingeniería, servicios a pozos, construcción, mantenimiento, logística y suministro fueron pilares fundamentales en el crecimiento de la industria. Sin embargo, ese ecosistema ha sido progresivamente erosionado, hasta quedar reducido, producto de la falta de contratación, la paralización de proyectos y, especialmente, la morosidad prolongada de su principal cliente: la empresa estatal.
Hoy, cuando se plantea la estabilización e incluso la eventual expansión de la producción, resulta contradictorio —y técnicamente inviable— pretender alcanzar esos objetivos sin reincorporar de manera decidida a esas capacidades instaladas que aún subsisten en el país. La infraestructura empresarial nacional no solo existe, sino que posee conocimiento acumulado, experiencia en condiciones operativas complejas y una capacidad de respuesta que difícilmente puede ser sustituida en el corto plazo por actores externos.
En este sentido, es imperativo definir y ejecutar una política clara que priorice la mayor utilización posible de las empresas establecidas en el país. Esta política debe trascender el discurso y traducirse en mecanismos concretos de contratación, financiamiento y reactivación de servicios. No basta con abrir espacios a nuevas inversiones si simultáneamente se ignora o desplaza a quienes han sostenido la industria en sus momentos más difíciles.
Un elemento central de esta discusión es el reconocimiento y pago de las cuentas por pagar acumuladas. La deuda con empresas de servicios, contratistas y suplidores no es un asunto menor ni diferible. Se trata de compromisos que han estrangulado financieramente a numerosas compañías, obligándolas a reducir operaciones, perder talento humano y, en muchos casos, cesar actividades. Sin un programa serio, transparente y creíble de pago o reestructuración de estas obligaciones, cualquier intento de reactivación estará construido sobre bases frágiles.
A ello se suma la situación de aquellas empresas que apostaron por esquemas de inversión más complejos, como los campos marginales, empresas mixtas y contratos de participación productiva. Estas iniciativas, concebidas para incrementar la producción mediante la incorporación de capital y tecnología, requieren hoy una revisión integral de sus condiciones contractuales. La realidad económica, operativa y financiera del país ha cambiado sustancialmente, y los marcos contractuales deben adaptarse para reflejar esas nuevas circunstancias, garantizando viabilidad y atractivo para los inversionistas sin sacrificar el interés nacional.
No puede omitirse, además, el caso de las empresas expropiadas, particularmente en zonas como el Lago de Maracaibo, cuyos procesos de compensación permanecen inconclusos. Este capítulo abierto no solo representa una deuda económica, sino también un factor de desconfianza que limita la disposición de nuevos actores a comprometer recursos en el país. Resolver estas situaciones con criterios claros y jurídicamente sólidos es condición necesaria para reconstruir credibilidad.
La adaptación de las condiciones contractuales debe ir acompañada de un rediseño integral del entorno operativo. Es imprescindible crear un marco que facilite e incentive actividades clave como la ingeniería, los servicios a pozos, la procura de equipos, la construcción y el montaje de infraestructura. Esto implica simplificar procesos, reducir cargas administrativas innecesarias, establecer esquemas fiscales competitivos y garantizar seguridad jurídica.
a recuperación de la industria petrolera no es únicamente un problema de inversión extranjera o de decisiones macroeconómicas. Es, en gran medida, un desafío de articulación interna. Ignorar el potencial del empresariado nacional equivale a renunciar a una ventaja comparativa evidente. Por el contrario, integrarlo de manera activa y prioritaria puede acelerar los tiempos de recuperación, reducir costos y fortalecer la autonomía operativa del país.
En definitiva, la estabilización del sector petrolero venezolano exige algo más que capital: requiere seguridad jurídica y coherencia estratégica. Y esa coherencia pasa, necesariamente, por reconocer, rescatar y potenciar a las empresas nacionales que, pese a las adversidades, siguen siendo un componente esencial de cualquier futuro viable para la industria.
*Fue presidente de la Cámara Petrolera, Consecomercio y Fedecamaras
@eromeronava
Edgard Romero Nava 
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